La Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, considera que Ruiz-Gallardón debe dar marcha atrás y hacer modificaciones sustanciales a la Ley de Tasas Judiciales

· La Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, considera que las recomendaciones emitidas por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en torno a la Ley de Tasas Judiciales, deberían incorporarse de inmediato en una modificación de la normativa.

· Nos referimos en particular a la supresión de las tasas que se devengan en la ejecución de resoluciones arbitrales de consumo, ya que estas rompen el principio de gratuidad del Arbitraje de consumo, lo cual consideramos limita aún más las posibilidades de los consumidores y usuarios de proteger sus derechos.

· La tasa que recae sobre la ejecución de acuerdos o laudos dictados en el marco de sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos produce un gravamen innecesario para el consumidor, ya que la ejecución va dirigida a solicitar al Tribunal que haga valer un derecho ya reconocido, y que ha alcanzado cobertura legal en el arbitraje o acuerdo de mediación.

· Además, exigimos al Ministro de Justicia la supresión de las tasas relativas a los procedimientos de ejecución hipotecaria, así como las tasas relativas a las ejecuciones de procesos extrajudiciales.

· Estas modificaciones las veníamos reclamando diferentes colectivos sociales desde la aprobación de la Ley el pasado año. De hecho, el pasado mes de noviembre las asociaciones de consumidores de ámbito estatal solicitamos a la Defensora del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad de la Ley, lo que al final ha dado lugar al paquete de recomendaciones emanado de ese organismo.



· Desde ASGECO consideramos que si los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la citada Ley afectan negativamente al derecho a la tutela judicial efectiva de los consumidores y usuarios y al acceso a la justicia gratuita, como hasta ahora creemos ha sido el caso, estos artículos deberían ser declarados inconstitucionales. No obstante, esperamos que el Ministro de Justicia dé marcha atrás y atienda las recomendaciones de la Defensora con la mayor prontitud.



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