· Desde ASGECO creemos que algunas de las nuevas medidas servirán para contrarrestar la ola de sobreendeudamiento en la que está inmersa nuestro país, otorgando a los consumidores una mayor capacidad de elección acorde a sus necesidades.
La novedad más importante es la prohibición expresa de obligar a los consumidores a contratar productos vinculados a la hipoteca como seguros o fondos de pensiones. Además, los consumidores contarán con un “período de reflexión” de 7 días antes de firmar el contrato hipotecario, y la tasadora deberá ser independiente, si bien en este punto no se especifica cómo van a lograrlo.
Entre las novedades que incorporará la futura normativa destaca la obligación de las entidades crediticias a proporcionar a los consumidores una “hoja de información estandarizada” que les permitirá comparar precios e identificar cuál es la oferta que más se ajusta a sus necesidades.
También se exigirá al personal bancario una mayor formación relativa a los productos financieros que ofertan y se pondrán límites a las remuneraciones vinculadas a la venta de hipotecas para no incitar a correr riesgos excesivos. En este ámbito del préstamo responsable, se reforzarán los criterios para evaluar la solvencia del comprador.
En este sentido ASGECO entiende que es posible un asesoramiento independiente y veraz si se separan las funciones de comercialización de las de asesoramiento, y que por lo tanto la nueva normativa debería centrarse en evitar los conflictos de interés de los acreedores.
En cuanto a los desahucios, uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía española, los cambios no parecen espectaculares. La nueva normativa exigirá a los bancos una “contención razonable” cuando los consumidores tengan “serios problemas para pagar”.
La nueva normativa se quedará corta si no contempla el acceso a un préstamo hipotecario básico, como sucede en algunos países europeos, mediante la figura del microcrédito familiar u otra similar.
Pese a que el texto final todavía tiene que ser aprobado por el pleno del Parlamento y los Estados contarán con dos años para transponer sus disposiciones a las normativas nacionales, la aplicación de unos estándares, por mínimos que sean, en todos los Estados miembros es una buena noticia.
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